GRAVE CRISIS HUMANITARIA EN LAS UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

EN RECHAZO A LA GRAVE CRISIS HUMANITARIA DE LAS COMUNIDADES ESTUDIANTILES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL

El Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz como parte de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia rechaza de manera vehemente  y denunciar ante la sociedad colombiana en general, y en especial ante las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales, la grave crisis humanitaria en la que se encuentran las distintas universidades a nivel nacional, producto de la indiscriminada represión por parte de agentes del Estado, más específicamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y grupos paramilitares, lo anterior en el marco de la coyuntura de álgida protesta contra proyecto de reforma a la Ley de Educación y contra el modelo educativo en general.

El día 22 de septiembre en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Sede La Macarena, se presentaron duras confrontaciones con el ESMAD, durante este hecho, se desarrollaron fuertes señalamientos contra el estudiantado por parte tanto de la administración como de los medios masivos de comunicación, acusándoles de robo de armas, lo cual fue desmentido en el transcurso del día. El saldo de la agresión por parte del ESMAD a la comunidad estudiantil, fue de ocho menores de edad heridos por granadas aturdidoras, 11 detenidos de los cuales 3 eran menores de edad, y 3 judicializados. Igualmente se reportan casos de agresión sicológica y un intento de violación a una de las estudiantes.

En la Universidad de Pamplona el día 20 de Septiembre, se presento el ingreso del ESMAD en la madrugada, en medio de la toma que realizaban los y las estudiantes por los problemas estructurales que viene sufriendo ésta universidad, producto de las reformas impuestas acorde al proceso de privatización, dejando como saldo, decenas de estudiantes heridos, de los cuales varios de suma gravedad, ante esta situación la Universidad ha quedado militarizada.

Igualmente, denunciamos la aparición de grafitis de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la Universidad del Atlántico durante el mes de Septiembre, que claramente amenazan a los y las participantes de las manifestaciones estudiantiles del 7 de Septiembre, y tienen la intención de amedrantar los procesos estudiantiles de protesta y propuesta ante el modelo de educación. Sobre estas pintas, no se ha pronunciado la administración y alegan el mal funcionamiento de las cámaras que cubren los lugares donde están hechas, argumentando la imposibilidad de esclarecer la identidad de los y las responsables por las mismas.  Todo esto con el agravante del proceso de persecución y asesinato al movimiento estudiantil que se viene llevando a cabo hace años por parte del paramilitarismo.

De igual forma, denunciamos los hechos ocurridos durante esta semana en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se presentaron disturbios en una marcha estudiantil que realizaba el estudiantado.

Así mismo, cabe resaltar, la grave situación por la que pasa la Universidad Industrial de Santander, militarizada hace varios meses, y donde se vive, prácticamente, un Estado de Sitio a causa del nuevo estatuto de convivencia, régimen policiaco y restrictivo de las libertades y los derechos fundamentales del estudiantado.

Denunciamos que, en general, en todas las situaciones presentadas, nunca ha existido una ayuda por parte de las administraciones de la Universidad para evitar las violaciones a los Derechos Humanos, al contrario, estas han facilitado la ocurrencia de las mismas.

Ante esto EXIGIMOS el pronunciamiento contra la represión por parte de las directivas de cada universidad, la respuesta por los gobiernos municipales y departamentales ante su responsabilidad de protección a los derechos humanos de cada una de las personas afectadas.

RECHAZAMOS completamente todos los escenarios de represión y EXIGIMOS el desmonte del criminal cuerpo policiaco Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD)  cuya actuación cada vez es más desmedida e inhumana a la hora de reprimir los hechos de justificada protesta social y popular. Reiteramos el compromiso del estudiantado con la construcción de un nuevo modelo de educación y de país, y no permitiremos que las fuerzas represoras del estado acallen nuestra voz ni continúen el derramamiento de sangre de luchadores sociales y populares del país.

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¡TODOS AL PARO NACIONAL ESTUDIANTIL!

UN NUEVO SEMESTRE

“Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: Una apta para inventar fábulas, y otra dispuesta a creerlas”

Galileo.

Hemos comenzado un nuevo semestre académico. Nuestro primer inicio de clases con la policía en la portería para proteger a un rector que habría cuadrado un plan pistola con paramilitares para asesinar estudiantes. Un inicio de semestre bajo el nuevo régimen disciplinario que castiga jugar pirinola o pegar carteles en los muros pero que no sanciona al rector que cuadra un “plan pistola”. Un semestre que no será muy diferente al anterior, durante el cual la policía, ante la complacencia de la directivas, agredió diariamente a estudiantes que exigían su retiro de la universidad. Como consecuencia de ello la universidad se evacuó en varias ocasiones y decenas de estudiantes fueron atendidos en el hospital. Pero existen Pero existen mentes que inventan fabulosas historias que pretenden ocultar la realidad y llevarnos a un mundo imaginario en donde directivas universitarias y la bota militar son el binomio que garantiza nuestros derechos. El “rector” dice ser un ciudadano honesto a pesar de hablar sobre planes pistola con paramilitares. El “honorable” concejo superior dice que la policía protege y garantiza los derechos de los estudiantes, además aprueba un reglamento disciplinario que garantiza los derechos de toda la comunidad universitaria, aunque convierte en falta jugar parqués, pegar carteles o hacer asambleas con sonido en la universidad; igualmente afirma que toda la comunidad universitaria apoya las medidas represivas implementadas y ahora sí se siente segura. El consejo académico se pronuncia a favor del rector que habla con los paramilitares y apoya todas las medidas represivas impuestas a la universidad. La administración, para “facilitar” las actividades de protesta estudiantil, cierra la universidad cada vez que los estudiantes convocan a una marcha para protestar contra la represión. Aunque las mentes poéticas del rector, el general y los consejos superior y académico inventen fabulas acerca de la ciudadanía universitaria y de la protección de nuestros derechos por parte del ESMAD, no todos los estudiantes tenemos las mentes poéticas que crean tales fabulas. Tenemos presente que nuestra universidad la dirige un hombre nada honorable –por cierto, impuesto como rector por un ex gobernador encarcelado por paramilitarismo- que se puso de acuerdo con un paramilitar para asesinar miembros de la comunidad universitaria. Que en las porterías de la universidad se ubican cuadrillas uniformadas para proteger al rector del plan pistola y lanzar bombas contra los gritos de protesta estudiantil, siendo valientes cuando entre varios golpean a un estudiante armado de ideas. Que los muros de concreto terminados en alambradas de púas son propios de cárceles o de campos de concentración, pero son extraños a las universidades. Que el conjunto de medidas represivas impuestas, incluyendo la apertura de procesos disciplinarios a estudiantes y trabajadores, tienen por finalidad proteger a los nada honorables directivos de la universidad y paralizar la protesta estudiantil frente al proyecto legislativo que busca debilitar aún más la educación superior pública. Frente a tan infame realidad no faltarán los estudiantes llenos de dignidad que se negarán a presentar el carnet en la portería y al entrar en biblioteca, no faltará quien defienda su derecho a la libertad de expresión, plasmando la suya en un cartel o grafiti libertarios; quien proteste contra la presencia de la bota militar en la portería, y la paramilitar en la rectoría; quien juegue una partida de cartas en el burladero o utilice los baños o salones para echarse un polvo libertario a pesar de que el reglamento estudiantil sancione el uso “indebido” de las instalaciones de la universidad. Frente a las fabulas de la administración universitaria la protesta y resistencia estudiantil es un imperativo ético. Ellos pueden invitar sus fabulas, pero que nosotros las creamos es otra cosa.

COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO

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e-mail: elsusurro.kolectivo@gmail.com

AGRESIÓN CONTRA TRABAJADORES Y COMUNIDAD DE CAMPO RUBIALES - META

ANTECEDENTES

1. Las comunidades de Puerto Gaitán Meta, desde hace mas de 6 años vienen reclamando de las autoridades Municipales, Departamentales, y Nacionales, así como a las operadoras petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y económicos, sin obtener respuesta positiva alguna.

2. La Multinacional petrolera española Cepcolsa, que opera los campos de Jaguar, Toro sentado, y Cara Cara, en asociación con Ecopetrol, en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, República de Colombia.

3. La Multinacional Cepcolsa, procedió a cancelar de manera arbitraria e irregular, el contrato que mantenía con la contratista Montajes J.M. dejando sin trabajo a mas de 1.100 trabajadores, que habían tomado la decisión de afiliarse a nuestra organización sindical, en una abierta acción antisindical.

4. La Multinacional petrolera PACIFIC RUBIALES ENERGY, de capital canadiense explota los yacimientos petroleros en los campos RUBIALES y QUIFA, en asociación con Ecopetrol, en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, República de Colombia.

5. La Multinacional Pacific ha convertido este campo, en el que laboran aproximadamente 13.000 trabajadores de contratistas, en un campo de concentración donde se irrespetan los más elementales derechos humanos y laborales, y se vulnera la soberanía nacional.

6. Desde que se inició el conflicto laboral y social en Puerto Gaitán el pasado 14 de julio, y luego en Campo Rubiales, el pasado 19 de julio de 2011, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados.

7. La USO, cumpliendo sus principios sindicales y en ejercicio de los derechos constitucionales, ha venido haciendo presencia en la zona, acompañando a los afiliados, indígenas, campesinos y pobladores de esta región petrolera en Colombia. Consecuente con su disposición de dialogo, acordó con el gobierno nacional una reunión de concertación con el gobierno que se realizo el 3 de agosto pasado. En esta se definieron mesas de trabajo en las cuales se discutirían los distintos problemas planteados por las comunidades, iglesia, autoridades locales y empresarios e la región.

8. Pasados dos meses de la suspensión de la protesta pacífica de los trabajadores, las mesas no han producido ningún resultado concreto para mejorar la situación de las comunidades, lo que ha originado nuevas protestas.

9. Esta vez la agresión de la Fuerza Pública con su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, ha sido más brutal que en ocasiones anteriores: En Puerto Gaitán se ha atacado a la población civil, menores, mujeres, sin ninguna discriminación, utilizando gases y granadas aturdidoras modificadas con metralla. En campo Rubiales, se han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma desde helicópteros estatales, han destruido vehículos y quemado carpas para responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes; se ensañaron con los vehículos de la organización sindical que sufrieron destrozos, dejándolos prácticamente inservibles. Además, la multinacional bloqueó la vía entre Puerto Gaitán y campo Rubiales.

10.Denunciamos que el Gobierno de Colombia ha dado la orden al Ejercito y la Policía Nacional, a desalojar en horas de la noche por la fuerza a los trabajadores de Campo Rubiales y campo Quifa. Advertimos que esta acción puede desencadenar en una “masacre” de trabajadores.

11.Todos estos acontecimientos se hubieran podido evitar si el gobierno nacional, la Empresa Pacific Rubiales y Ecopetrol hubieran cumplido con lo acordado en la reunión de las Mesas de Trabajo el 03 de agosto pasado. La situación se torna más peligrosa porque en Barranca de Upía, también en el departamento del Meta, circuló un panfleto en el cual se amenaza a los dirigentes sindicales de la USO y porque en Puerto Gaitán se ha corrido el rumor diciendo que “quienes provocan los disturbios son los de la USO”. Coinciden sus frases con las de los empresarios e integrantes del gobierno nacional: “les recordamos que esta es nuestra zona no de ustedes así que no vengan acá con maricadas de enseñarles a nuestros humildes pobladores a hacer bombas y a destruir todo…”

CONSIDERACIONES

El gobierno de Juan Manuel Santos y el dialogo social han asumido una conducta proclive a los intereses de las empresas multinacionales y de represión contra los derechos de los trabajadores y las comunidades, que pueden declarar territorios vedados para los colombianos, sin que sean objeto de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno.

No puede haber dialogo social serio cuando las empresas irrespetan los más mínimos derechos de los trabajadores y las comunidades, y cuando la respuesta a las manifestaciones de la sociedad son reprimidas y penalizadas.

Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la represión y la violencia contra la protestas social. Las comunidades y los trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz represión del Estado colombiano poniendo en riesgo incluso, la vida, integridad y libertades de los trabajadores de las comunidades.

SOLICITUDES Y DENUNCIAS

•  Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República y su fuerza pública, a las empresas PACIFIC RUBIALES y ECOPETROL, a las autoridades administrativas que ordenan los ataques indiscriminados sobre la población y la humanidad de los trabajadores, por la seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.
•  Exigimos al gobierno nacional detenga de inmediato la represión y la violencia contra los trabajadores y las comunidades en Puerto Gaitán y demás regiones petroleras de Colombia.
•  Hacemos un llamado al gobierno nacional para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores y las comunidades y se brinden las garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical.
•  Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin que se pronuncien y condenen estos atropellos de que viene siendo objeto por parte de las empresas petroleras y el gobierno nacional y local los trabajadores y las comunidades.
•  Hacemos un llamado de solidaridad a nuestras organizaciones hermanas, de derechos humanos y a la comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno nacional.

JUNTA DIRECTIVA U.S.O – NACIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ U.S.O